En México, el Código Nacional de Procedimientos Penales,  incorporó la figura de la  Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Por lo que desde el año 2016,

todas las empresas privadas, pequeñas, medianas o grandes, deben contar dentro de su estructura  corporativa con un órgano de control permanente expresamente encargado de verificar el cumplimiento de la Política Interna de Prevención Delictiva.

Del análisis  del artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que una empresa puede declararse penalmente responsable cuando un miembro y representante de la persona moral cometa un delito, utilizando los medios de la sociedad, actuando en nombre de ésta y si el delito se comete para obtener un beneficio para la empresa. Bajo este parámetro la acción penal que ejerza el Ministerio Público va a realizarse hacia la empresa conjuntamente con una o unas personas físicas, esto es, investigar y posteriormente procesar penalmente a un representante, administrador, socio o bien trabajador de la misma persona moral.

Aquí se estaría hablando de una responsabilidad penal de las personas morales llamado modelo de transferencia, mismo que consiste en que una persona física comete el delito dentro de los fines de la empresa y con el objetivo de beneficiarla, teniendo como consecuencia una transferencia de responsabilidad penal a la empresa.

Las empresas deben establecer medidas idóneas de prevención, identificación y descubrimiento de delitos dentro de la sociedad, a través de protocolos y entrenamiento entre sus empleados y los altos miembros para ejercer un debido control dentro de su organización para establecer. Respecto del nombramiento de un representante legal en la empresa, podemos iniciar señalando las funciones del mismo.

Actualmente es necesario contar con un Compliance Penal, particularmente con la implementación efectiva de una Política Interna de Prevención Delictiva (PIDP), cuyo objetivo principal es, implementar medidas para prevención y administración de riesgos delictivos, de acuerdo a los datos arrojados mediante un diagnóstico previo, de todo lo que integra y rodea a la empresa.

Quien se encuentra íntimamente vinculado a la protección de la empresa en lo relativo a esta figura señalado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es el representante legal, con independencia de sus funciones ya conocidas y  establecidas en los estatutos de la sociedad, como lo son:  representar a la sociedad, celebrar contratos; presentar informes de gestión a la Asamblea de Accionistas, ejecutar las órdenes impartidas por la Asamblea de Accionistas y por la Junta Directiva, constituir apoderados judiciales o extrajudiciales y convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones ordinarias y extraordinarias.

Algunos accionistas tienden a limitar dichas funciones y facultades, sin embargo generalmente las funciones y facultades del representante legal es amplia.  Sin embargo, la estructura de Compliance Penal,  o cumplimiento normativo penal, perfectamente lo puede llevar a cabo abogado diverso al representante legal y será una inversión para la empresa más que un gasto extra.