LA DEFENSA LEGAL  O REPRESENTACIÓN PARA UNA PERSONA O UN GRUPO DE PERSONAS FÍSICAS ES UN DERECHO.

Actualmente, el sistema penal acusatorio oral exige a la defensa en principio, sustentar la misma, con una perspectiva de derechos humanos, toda vez que su labor es la de proteger los intereses de la persona detenida, imputada, acusada o sentenciada con base en los principios del debido proceso, el cual constituye un límite a la actividad estatal,  porque es el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales con la finalidad de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. En materia penal incluye tanto las garantías mínimas previstas en el artículo 8º. de la Convención Americana de Derechos Humanos, como otras adicionales que pudieran ser necesarias para la integración de este concepto.

El derecho a la defensa, es fundamental para hacer efectivas las garantías de toda persona detenida o imputada a la presunción de inocencia y a un juicio justo, logrando  salvaguardar los derechos de esa persona y así mismo, para hacer patentes los límites de actuación del Estado.

El derecho a la defensa legal | representación jurídica, establece con el estado la  obligación a tratar al individuo en como un verdadero sujeto del proceso y no simplemente como objeto del mismo.

La defensa constituye no solo una garantía constitucional, legitimidad y validez de los procesos penales en todas sus etapas, la designación de un Abogado defensor, solo para cumplir con formalidades procesales equivale a no contar con defensa técnica.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece que para que exista debido proceso legal es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables.